Los integrantes de la Asociación Productores de Eventos (APE), que agrupa a los establecimientos y empresas dedicadas a eventos de Mar del Plata y zona de influencia, celebraron el reemplazo del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual (Nº 11.723), mediante el cual se derogaron los derechos de cobro de un canon de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) en los eventos privados.
«No cabe duda que del espíritu tutelar de los derechos intelectuales que protege la Ley 11.723, se colige que la razón del pago de derechos de autor y compositor por reproducción pública de obras musicales es en tanto y en cuanto se explote comercialmente con su reproducción. Es decir, se obtiene un beneficio económico de su reproducción», explicaron desde APE en un comunicado.
Con este fundamento, manifestaron que esa situación es muy contraria «a lo que ocurre cuando se realiza un evento privado, sea cual fuere, en un domicilio particular o en un salón alquilado». «La familia o la empresa que organiza el evento no realiza acto comercial ni explota absolutamente nada con la reproducción de temas musicales; antes bien, afronta un gasto de gran incidencia sobre los costos totales. No cobra entrada ni derecho alguno a los participantes», añadieron.
Desde APE denunciaron que tanto Sadaic como AADI-CAPIF (Asociación Argentina de Intérpretes y Corporación Argentina de Productores de la Industria Fonográfica) «han abusado de sus facultades recaudatorias, estableciendo en forma unilateral arbitraria y discrecional montos dinerarios a aquellas personas y entidades que han venido realizando eventos privados en salones, con sumas cuantiosas, que ahogaban la posibilidad de afrontar la celebración privada«.
Por lo tanto, la asociación aconseja tanto a sus asociados como a los establecimientos del sector no exigir a sus clientes abonar ninguna suma por «derechos de propalación» ya derogados. Igualmente, aclararon que se deberá respetar la normativa nacional, provincial o municipal que legalmente se promulgue.
«Esperamos que tal acierto de la actual administración nacional se consolide y extienda a la normativa inconstitucional que autorizaba esos abusos, con el consiguiente recargo de contribuciones e impuestos distorsivos de la economía en general», cerraron.
