Tras la aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualiza las partidas presupuestarias para funcionamiento y salarios, el rector de la Unmdp Alfredo Lazzeretti celebró el compromiso del Congreso con el sistema universitario público. Sin embargo, frente a la posibilidad de un veto, dijo que “sería un gran error”.
“La aprobación en el Congreso es muy positiva porque recoge una necesidad de las universidades públicas por una mayoría contundente: fueron muchos más votos que los dos tercios que se precisaban”, valoró el recto, que recordó que esta norma no es el presupuesto 2025, sino “sólo la actualización de las partidas al 31 de diciembre”.
“Es una ley que lo único que prevé, en siete artículos muy simples, es la actualización de las partidas de gastos de funcionamiento, de salarios y las becas. Su trascendencia responde a que la inflación de diciembre a hoy está cercana al 135% y el aumento de los trabajadores ha rondado el 74%. Es una diferencia muy importante. Y eso ha marcado un deterioro del poder adquisitivo de los salarios. No queremos que los docentes e investigadores se tienten de dejar la institución: descapitalizar el sistema universitario público argentino es un gran error”, consideró Lazzeretti.
Sobre la posibilidad de un veto a la Ley de Financiamiento, que es algo que deslizó -anticipadamente- el propio presidente Javier Milei, el rector de la Unmdp dijo: “Ahora hay que esperar 10 días para ver si la promulga o la veta. Si insiste en el veto, que es un gran error, esto volverá a las Cámaras. Habrá que ver si se reúnen los dos tercios necesarios en ambas cámaras y habrá que volver a discutir todo: estamos dispuestos a dialogar con cada uno de los legisladores”, aseveró Lazzeretti, que insistió en que la Universidad, como sistema público de educación superior, es “motor del desarrollo del país” y “no puede ser desfinanciada”.
Esta madrugada, por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, el Senador de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento. La norma, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI.
