Transcurrido casi año del inicio del debate, el fiscal federal Nicolás Czizik comenzó su alegato en el «megajuicio» por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) con perjuicio al Estado de cientos de millones de pesos. Los principales acusados son tres abogados y un asesor previsional de un estudio que tramitaba beneficios fraudulentos.
El debate se extendió durante 34 audiencias y declararon 117 testigos. Czizik era quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa y este lunes presentó su alegato, acompañado por la secretaria Guillermina Jiménez, en la sala del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
Allí se encontraban las defensas y algunos de los imputados. Por su parte, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas, y Karina Yabor siguieron la audiencia de manera remota, al igual que otros acusados y sus abogados.
Durante su exposición, el fiscal manifestó: “La cantidad de casos detectados, las diferentes maniobras, un engranaje prolijo, coordinación entre sus miembros, la utilización de influencia indebida sobre funcionarios públicos, ofrecimiento de dádivas, sobornos. Una vez que se verifican todas estas situaciones, no puede hablarse simplemente de multiplicidad de episodios, sino de un grupo coordinado, con permanencia en el tiempo, predeterminado a la comisión de delitos de diversa índole, con interés económico, que ha causado alarma social”.
Unas 31 personas llegaron al juicio acusadas de ser parte de la asociación ilícita. Sin embargo, Czizik adelantó que pedirá la absolución de los beneficiarios de las maniobras desplegadas, a excepción de dos de ellos.
Previo al inicio del juicio, otras 10 personas reconocieron su responsabilidad en los delitos imputados y rubricaron acuerdos de juicio abreviado.
Por su lado, otras 23 fueron sobreseídas por reparación integral, al haber saldado la deuda originada con los fraudes en los que estaban involucradas. Además, hubo cinco que fallecieron: tres antes de comenzar el debate y dos hace unas semanas.
Al inicio de su alegato, Czizik reparó en que, fuera del juzgamiento de delitos de lesa humanidad, se estaba debatiendo uno de los casos “de mayor envergadura, trascendencia y complejidad que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ha debido abocarse desde su creación”, en relación a la cantidad de imputados, testigos, hechos objeto del juicio, y monto del perjuicio económico sufrido por el Estado.
Cómo operaban
El expediente se abrió en 2016, donde la Anses denunció ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social por posibles fraudes en el otorgamiento de beneficios previsionales.
Para Czizik, la prueba reunida durante el debate permitió demostrar el modus operandi de la organización criminal. En primer lugar, presentaba ante la Administración Federal de Ingresos Público (Afip) declaraciones juradas rectificativas falsas, que declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, que es una herramienta de los y las trabajadores contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).
Con esta estrategia, “simularon ante la Anses el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”, explicó el fiscal, quien remarcó que ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez.
El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales.
“Falsificaciones, simulaciones, sobornos, dádivas, no han sido ajenos al obrar de esta organización criminal”, sumó el acusador. Además, citó a Eduardo Bellini, jefe de investigaciones previsionales de la Afip, quien en el marco de este juicio declaró con notoria indignación que “no era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones”.
Los acusados
En conclusión, para el fiscal hay pruebas de que los abogados Iros, Cagni y Diez Suárez, junto a Balbuena, dirigieron una empresa criminal dedicada a la obtención por vías fraudulentas de beneficios previsionales.
Dicha organización estaba integrada por los cuatro nombrados, en el rol de jefes, y cuanto menos por Daniela Andrea Livi, José Ricardo Caliyuri, Fernando Daniel Fernández, Rodrigo Néstor Jones, Ariel Fati, Alejandro de la Torre Kriscovich, Rodolfo Rubén Barone, Gustavo Enrique Domínguez, Juan Carlos Soria, Eduardo Alberto Moyano, Nazareno Di Giovanni, Fernando Biesa, y los fallecidos Miguel Norberto Coelho, Miguel Ángel Marcello y Ramón Gerardo Tula.
Czizik desentramó las relaciones laborales inexistentes sobre las que se apoyaba el estudio jurídico para solicitar beneficios previsionales de sus clientes, sean empresas o personas físicas.
Según el fiscal, las maniobras llegaron al absurdo de inscribir como empleador a un jubilado de 94 años, cuyo domicilio declarado resultó ser el fondo del estudio jurídico de la Avenida Paso, la declaración de un recolector de botellas al mando de un emprendimiento textil, o simular que el 100% de los empleados supuestamente registrados por un hombre reclamaron beneficios jubilatorios en simultáneo.
El alegato continuará la semana próxima, con la explicación sobre algunos casos más de fraude laboral, las maniobras defraudatorias vinculadas con la obtención de retiros tempranos por invalidez, la situación particular de cada acusado, con la expectativa de concluir en la próxima audiencia con los pedidos de pena.
Fuente: fiscales.gob.ar.
