Tras la polémica desatada en la sesión del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro firmó el decreto que promulga la ordenanza. De esta forma, el predio del Faro de la Memoria ya quedó en poder de la asociación vecinal Faro Norte y puede avanzar en la habilitación de un bar y una destilería de gin en el lugar.
A través del decreto 1805, que lleva la firma del intendente Montenegro y del secretario de Obras Jorge González, el municipio oficializó la ordenanza aprobada por mayoría el último jueves.
La ordenanza promulgada cede a la asociación el predio ubicado en el Paseo Costanero Sud por cinco años.
El artículo tres de la ordenanza, establece las normas particulares para el predio y los usos de suelo admitidos. Allí aparece el permiso para instalar un establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación. A su vez, como anexo, permite la actividad gastronómica para consumo en el local.
Además establece que sólo se permiten edificios de perímetro libre. El plano límite será de siete metros sobre el nivel natural del terreno y deberá tener, como mínimo, un retiro perimetral de nueve metros.
Uno de los puntos más cuestionados por los bloques opositores durante el acalorado debate en el Concejo Deliberante fue el canon establecido para la cesión del predio de dos hectáreas.
En ese marco, la promulgación establece un canon anual que «no será inferior a 3 millones de pesos» que se actualizará por inflación anual. Desde la oposición indicaron que es irrisorio el pago de $250.000 mensuales para ese predio y poder montar un bar.
La cláusula decimotercera del anexo es la que permite ceder «total o parcialmente» los derechos de uso de todo el predio. Es este punto el que le permitiría a la asociación vecinal ceder una porción a la empresa Restinga para montar la destilería.
Respuesta judicial
Luego de la aprobación en la sesión del Concejo Deliberante, los organismos de derechos humanos y otras instituciones que están en contra de la propuesta esperan la resolución por parte de la justicia.
En su presentación ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 a cargo de Simón Isacch, busca «evitar la concreción de daños que puedan generar» en el lugar.
Entre los argumentos, señalaron la afectación del Derecho a la Memoria, pero no es el único. Advirtieron una serie de irregularidades, entre las que marcaron que «no existe estudio de impacto ambiental actualizado» y que se «afecta el patrimonio histórico de la ciudad y por lo tanto, el municipio se expone a acciones judiciales de diversa índole».
