El exjuez federal Mario Portela se jubiló en 2021 y los últimos 20 años de su carrera judicial estuvieron dedicados al juzgamiento de los crímenes cometidos por el Estado argentino durante la última dictadura cívico militar. Desde su experiencia se refirió a los dichos de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, quien afirmó durante un acto en el Senado de la Nación que «todos los montoneros tienen que estar presos».
«Es extraño que un miembro del Poder Ejecutivo diga que hay que meter preso a alguien, montoneros, militares, Juan Pérez o Alberto Rodríguez. Eso parece ser más bien un mecanismo de gobiernos totalitarios que están por demás imposibilitados por la Constitución Nacional», aclaró antes que nada Mario Portela, en diálogo con Mi8.
Con vocación docente, lo primero que explicó el exjuez es que los delitos de lesa humanidad, aquellos cometidos por el Estado contra los ciudadanos, son imprescriptibles y que están definidos por el Derecho Internacional a partir de 1920. Además Argentina adhirió a esas convenciones desde que entró en Naciones Unidas.
«El resto de los delitos prescriben. Entonces poner una bomba en un comedor policial; matar a un miembro de las Fuerzas Armadas; matar a un agente de policía, son hechos horribles, pero son delitos comunes. Son como los delitos que ocurren hoy en día. Y los delitos comunes, lamentablemente o afortunadamente, prescriben. Y eso es lo que no ha tenido en cuenta, la Vicepresidenta», especificó el exjuez federal.
– ¿Hay alguna posibilidad jurídica que permita abrir causas a los integrantes de las organizaciones político militares como pretende la Vicepresidenta de la Nación?
– Yo creo que no. Se intentaron reabrir estas causas y ya la Cámara Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal dijeron que no, que eran crímenes que estaban prescriptos. Son cuestiones que ya fueron resueltas. Además, en mis años de miembro de Tribunal Oral, nunca tuvimos un pedido, una denuncia, que se refiriera a este tipo de delitos cometidos por supuestas organizaciones subversivas.
– ¿Hay morigeración de pena para los condenados por delitos de lesa humanidad?
– No, ni morigeración ni agravamiento. Los condenados por delitos de lesa humanidad tienen los mismos derechos que cualquier preso. Es decir, a los 70 años, si existen razones de salud o razones justificadas por las cuales no pueden estar en una institución de detención, se los manda a la casa, prisión domiciliaria. Le quiero aclarar que mucho más del 80 % de los detenidos por causas de delitos de lesa humanidad, están en sus domicilios. Y muchos ni siquiera con pulsera electrónica.
Es un porcentaje muy chico el que está detenido en instituciones penales y los visitan autoridades eclesiásticas, los visitan autoridades políticas, lo cual está bien. Pero quiero decir, no es el mismo trato que se le da a un familiar que va a ver a un preso común.
– ¿Cree que hay un reverdecer de la teoría de los dos demonios?
– Los derechos humanos son mucho más que los derechos de memoria, verdad y justicia. Los derechos humanos se dirigen a proteger a todos los vulnerables. Y me parece que el actual gobierno tiene una política negacionista sobre los derechos humanos en general. No les gustan los vulnerables. O sea, las mujeres, entonces habrán visto que ayer el ministro de Justicia hizo toda una perorata respecto a la biología y el género. Los jubilados son otro capítulo de vulnerables olvidados por el Estado. Hay un oscurecimiento, una serie de nubes que se cierran sobre los derechos humanos que exceden al tema de memoria, verdad y justicia.
