Luego de meses de tensión, peleas, escraches públicos, paros, denuncias (públicas y judiciales), el conflicto entre el intendente Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se resolvió de una manera inesperada: veloz y silenciosamente.
El acuerdo que firmó la cúpula sindical con el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, se asemejó más a lo que se vivió durante la primera gestión del intendente del PRO que a la versión 2024 de Montenegro, que camina a paso firme por la senda libertaria.
Montenegro comenzó su segundo mandato el 10 de diciembre de 2023 y antes de que finalice el año el STM anunció un paro por 48 horas. Sin embargo, antes de que termine enero el gobierno y el gremio acordaron una suba del 30% para el primer trimestre del año.
Las aguas se aquietaron y nada hacía prever que los siguientes seis meses iban a estar marcados por una pelea, por momentos, salvaje entre el gobierno y los trabajadores municipales. Y del mismo modo que el conflicto escaló a niveles impensados, este viernes se llegó a un acuerdo que da calma, al menos, hasta noviembre.
¿Cómo se gestó el acuerdo? En el STM destacan el rol clave de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) que, cuentan, generó el puente para que las charlas vuelvan a encaminarse.
“Ha dado comienzo una nueva instancia de negociación paritaria”, decía un flyer que circuló entre los municipales el viernes a primera hora. Desde el STM no quisieron dar más precisiones que resaltar el rol de la Fesimubo. Desde el Ejecutivo, silencio. Se trató, en ambos casos, de un cambio de actitud de ambas partes tendientes a no complicar las negociaciones. Hace semanas se percibía en el aire la necesidad del gobierno y del gremio de llegar a un acuerdo y acabar con el conflicto.
En horas de la tarde, ya comenzó a circular la versión de un acuerdo. Esta vez, no hubo formulario de votación para que los trabajadores opinen sobre la oferta: los referentes del gremio firmaron el acta y aceptaron una oferta que llegó al 29% en tres cuotas.
Luego de la propuesta de un 6,5% para julio y otro porcentaje igual para agosto, para el STM era fundamental llegar a una oferta de dos dígitos para tratar de recuperar lo perdido. Y lo logró: 10% en agosto, 10% en septiembre y 9% en octubre.
En el municipio también celebraron el nuevo acuerdo. El último aumento que pagó el gobierno de Montenegro fue un 10% por decreto en abril. Con el nuevo acuerdo, el gobierno consiguió llegar a septiembre sin tener que destinar más dinero a salarios.
“En plata, nos salía más el acuerdo anterior, porque arrancaba en julio. Este acuerdo nos permite ganar un mes más. Y es clave porque creemos que los números se van a empezar a acomodar. Al menos, van a dejar de caer”, analizó un hombre del Ejecutivo local.
Además, este acuerdo les da aire para seguir robusteciendo las arcas municipales. La comuna espera que ingrese en los próximos días la nueva cuota del fondo de fortalecimiento a los municipios que envía la provincia. También esperan que entre dinero de Nación del convenio tripartito.
Como sea, el conflicto que en algún momento se planteó por parte del STM «a matar o morir» se destrabó cuando nadie lo esperaba. Y, por cierto, nadie mató y nadie murió.
Feroz batalla en el Concejo
La conflictividad, esta vez, llegó de la mano del Concejo Deliberante. A lo largo de toda la semana, el debate por la habilitación de un bar y una destilería en el Faro de la Memoria calentó el clima entre el oficialismo y la oposición. El corolario se dio en la sesión del jueves, cuando la iniciativa fue aprobada, con un fuerte repudio por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos.
El gobierno volvió a mostrar, una vez más, la solidez del interbloque oficialista. La mirada estaba puesta en la Unión Cívica Radical, de los tres bloques oficialistas el más cercano a las políticas de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, luego de una primera reunión de comisión sin que el oficialismo defendiera la propuesta, en Legislación y en la sesión plenaria esgrimieron sus argumentos a favor.
Plantearon que el predio en cuestión no forma parte del Faro de la Memoria, sino que está lindero. Además, remarcaron que estaba abandonado y a partir de este proyecto se recuperará. Incluso, destacaron que la participación de un privado generará puestos de trabajo.
Más allá de los argumentos, también intentaron llevar la discusión al terreno ideológico. El jefe del bloque Vamos Juntos, Agustín Neme, le apuntó al kichnerismo por no preocuparse por los derechos humanos en Venezuela y quejarse por un proyecto que busca recuperar un espacio «en ruinas».
La oposición, en cambio, insistió que los testimonios de los sobrevivientes confirman que ese espacio formó parte del Centro Clandestino de Detención y presentó un informe de la Armada que también lo ratificaba. Cuestionaron el cánon para ceder el predio ($250.000 mensuales), que se haya usado a una asociación vecinal para «disfrazar» un acuerdo con una empresa privada y la falta del estudio de impacto ambiental.
A su vez, insistieron en que existe para ese mismo predio un proyecto de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), que también propone ponerlo en valor y generar un espacio inclusivo para toda la sociedad.
Nadie esperaba que haya acercamiento en cuanto a las posiciones. El proyecto fue aprobado con los votos del oficialismo y de La Libertad Avanza. La historia, lejos de cerrarse, tendrá ahora un capítulo judicial. De no prosperar las acciones de los organismos, aún queda un interrogante: ¿cómo quedará la imagen de la empresa ante el visible repudio de un sector que para algunos puede ser minoritario, pero intenso?
El escándalo mayor llegó de forma inesperada. El proyecto para repudiar la situación en Venezuela había encontrado un punto de acuerdo entre el oficialismo (que presentó siete proyectos por este tema) y la oposición. El presidente del bloque del Frente Renovador, Ariel Ciano, pidió hacer algunas correcciones a la redacción original para acompañar el proyecto.
El oficialismo planteó que estaban de acuerdo con todo lo que habían escrito originalmente, pero que entendían que llegar a un acuerdo era importante para demostrar la madurez del cuerpo. La presidenta de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, comenzó a expresarse en esa línea. Aclaró que no coincidían en todo lo que decía el proyecto, pero entendían la importancia de que el cuerpo plantee de forma conjunta la preocupación por lo que ocurre en Venezuela.
Mientras hablaba, el concejal del PRO, Julián Busetti, levantó una foto de Cristina Kirchner con Hugo Chávez, mientras uno de sus asesores filmaba la escena para replicarla en redes sociales, el eje de la comunicación del joven edil. La jefa de la bancada opositora estalló: lo acusó de irrespetuoso, de convertirse en troll y de buscar rédito en la grieta.
El concejal del PRO pidió la palabra y defendió su accionar. Dijo que era una foto como tantas otras que se mostraron en la sesión y que no entendía la reacción. Sin embargo, no tuvo respaldo de sus compañeros de interbloque: Neme y Marianela Romero, presidentes de los bloques del PRO y la UCR, pidieron disculpas por la actitud y la presidenta del Concejo Marina Sánchez Herrero le reprochó que se pasó la sesión filmando. Las redes, muy útiles para amplificar mensajes, no siempre son todo.
