El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una millonaria licitación para poner en valor la Unidad Penal XV del complejo penitenciario de Batán, con una inversión de 5.600 millones de pesos y desde la justicia remarcaron que se trata de una «auspiciosa noticia».
La jueza Mariana Irianni, que impulsó varias medidas de hábeas corpus, resaltó que se trató de un proceso «interinstitucional» entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que permitió conformar una mesa de diálogo y avanzar en la mejora de la situación edilicia del penal.
En esa línea, destacó la intervención del ministro de Justicia, el marplatense Juan Martín Mena, quien asumió en el cargo el 10 de diciembre, y «rápidamente atendió la situación de Mar del Plata». «Entre tantas otras situaciones de emergencia que hay en la provincia, entendió que esta ya no podía esperar más», dijo Irianni en diálogo con Canal 8.
Todo el proceso contó con la intervención de la oficina de la Corte Suprema que se encarga del monitoreo de los espacios carcelarios a partir del fallo Verbitsky. «Ese fallo de la Nación en la provincia, es un acto real, efectivo, de concretización de algo que es sí o sí necesario, que es la resocialización dentro de los espacios de encierro», añadió.
La jueza destacó que la mayoría de las pericias que se hicieron en la Unidad Penal de Batán y terminaron con la decisión de la justicia de impedir el ingreso de nuevos internos al complejo penitenciario. «Las pericias arrojaban que ninguno de los sistemas de agua, de luz, de gas estaban en condiciones», remarcó.
Irianni indicó que uno de sus «impulsos originales» fue atender la seguridad, no sólo de los 1.555 detenidos, sino también la enorme cantidad de civiles que ingresan todos los días a la Unidad Penal XV a ejercer distintas funciones de educación, de salud, de formación profesional y de servicio penitenciario.
«Actualmente dentro de lo que fue el habeas corpus sigue vigente la medida cautelar de no hacer ingresar mayor cantidad de detenidos, por lo menos hasta tanto se inician los procesos de refacción. Y actualmente también hay una medida que se adoptó a instancia de distintas presentaciones que ha hecho la Comisión por la Memoria respecto de lo que es el pabellón de aislamiento», precisó la jueza.
La magistrada también remarcó que la mejora de las condiciones edilicias del penal de Batán también va a permitir que las personas que estén privadas de la libertad «estudien, tengan un lugar donde hacerse un control médico, en el caso que lo necesiten».
«Y sobre todo acceder a distintas opciones que hay respecto de los procesos de toma de conciencia de por qué está detenido, y luego hacer también talleres de formación vinculados con algún tipo de capacitación. O sea, la resocialización, que no se puede llevar a la práctica en un espacio donde lo único que se hace es aislarlos», finalizó.
